El ministro de Economía Luis De Guindos propone una solución para evitar el desahucio de familias cuando no pueda pagarse la hipoteca: que las entidades financieras acepten un código de buenas prácticas que incluya:
– la ampliación del periodo que una persona puede permanecer en un piso embargado hasta su desahucio, un tiempo que podría prolongarse "por dos años con el pago de una renta adecuada
– en el caso de pérdida de valor del inmueble, que se asuma de forma compartida
Para ello se establece un "umbral de exclusión" ante el desahucio, con estos requerimientos, para evitar un "acogimiento abusivo":
– la vivienda debe ser primer residencia
– todos los miembros de la familia deben estar en paro
– las rentas o patrimonio deben demostrarse que son insuficientes para el pago de la hipoteca,
Comparecencia de Luis de Guindos en el Congreso, explicando su código para evitar desahucios. (RTVE)
Surge la duda de ¿porqué no se propone un cambio legislativo en vez de una propuesta de código ético de libre adopción por parte de las entidades financieras?
En cuanto a la valoración inicial de la vivienda para establecer el importe para la hipoteca; ¿corresponde exclusivamente a los bancos responder por la pérdida de valor en el mercado actual? ¿las tasadoras tienen parte de culpa? ¿o también propietarios anteriores y promotores?
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¿Deberían diferenciarse las inversiones y los rendimientos inmobiliarios de los de capital mobiliario?
Para muchas personas la compra de una vivienda es una inversión, como lo es la compra de acciones.
Si se acepta la dación en pago para compradores que han visto reducido el valor de su inversión en vivienda, ¿se debería aceptar que quienes vendan acciones a un precio menor obtengan el mismo precio que el de compra ?
Considero que hay que estudiar la raíz del problema antes de plantear alternativas a la situación. Si el problema es por falta de trabajo, empleo, o por enfermedad y ya los integrantes de la familia se han reportado al ministerio correspondiente y han estado diligentes, la política habitacional estatal debe prever el qué hacer en y durante la crisis. La alternativa más viable es el programa de asistencia en todo lo que tiene que ver con sus necesidades básica, incluyendo la vivienda.
Si la situacion se presenta por incumplimiento de los deudores por haberle dado prioridad a otras necesidades en virtud de que el precio de compra de la vivienda es superior al valor de mercado, aquí sí la institución financiera debiera aceptar la dación en pago pues aunque el comprador decide sobre el inmueble que le interesa comprar, la responsabilidad es compartida con la institución financiera que debe prever los riesgos de su inversión al procesar su crédito.
En ocasiones, los gerentes de instituciones financieras están más pendientes de colocar sus carteras que de las garantías, por lo tanto, la responsabilidad debe ser compartida.
Compartida cuanto menos, ya que el gestor de oficina bancaria y el departamento de riesgos están para asesorar y analizar la viabilidad de la operación