Los que dan una respuesta positiva a esa pregunta usan un razonamiento sencillo:
el del mal menor, esto es: si no se conceden ayudas, las empresas afectadas pueden quebrar y el daño final –global- es mucho mayor que la concesión de ayudas públicas a empresas privadas. El incremento del paro, el efecto derrumbe por contagio a otras empresas, los daños colaterales en otras industrias, la pérdida de confianza en el sector, etc. suelen ser los argumentos que acompañan esta respuesta. A esto se suele añadir que el estado debe favorecer y no entorpecer la actividad empresarial, que la creación de la riqueza nacional –que disfrutan todos- la hacen principalmente las empresas, etc.
Los que dan una respuesta negativa a esta a esa pregunta usan razonamientos contrarios tales como: Si cuando van bien las cosas, las empresas no –salvo los impuestos- contribuyen adicionalmente al estado, tampoco cuando van mal pueden exigir beneficios públicos. O bien: con el dinero de todos no se puede favorecer a unos pocos.
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